A pesar de que el modelo neoliberal empezó a colonizar las cabezas de los argentinos, Grondona y Neustadt mediante, y el Estado comenzó a achicarse “para agrandar la Nación”, a partir del inicio de la última dictadura cívico militar, las estadísticas de finales de los años ochenta mostraban que Argentina tenía todavía apenas un cuatro por ciento de desocupación. Es decir, el empleo asalariado, en relación de dependencia, con recibo de sueldo, estabilidad, obra social y aporte provisional fue hasta ese momento casi la única forma de trabajo que se conoció. Hubo pleno empleo en la Argentina y la “changa”, la “extra”, el “rebusque” fue solo para una minoría o para complementar ingresos de aquellos a quienes no les alcanzaba el salario o tenían mas ambiciones.
A partir de los noventa cuando el Estado y el sector privado de la economía dejaron de dar empleo primero y expulsaron trabajadores después, se hizo más evidente en Argentina que había otra forma de trabajo: el cuentapropismo, autoempleo, emprendedorismo. El trabajo autónomo apareció como una forma legítima de “ganarse la vida”.
Los problemas que enfrentaron estos emprendedores fueron la escasa capacidad de gestión devenida de una historia de empleo dependiente, la inexistencia de apoyo estatal, la falta de capacitación para el manejo del propio emprendimiento, el marco macroeconómico desfavorable, la desprotección legal, entre otros. Los noventa fueron particularmente difíciles para estos trabajadores, que pese a todo la pelearon.
A partir del 2003, en el marco de la recuperación económica, y con la decisión del Estado de intervenir en estos asuntos partiendo de la experiencia de las organizaciones sociales, comenzaron a aparecer políticas de los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo y Seguridad Social de la Nación de apoyo a este sector de emprendedores.
Manos a la obra, Herramientas por trabajo, Talleres familiares, Programa Redes, Ley Nacional de Microcrédito, Monotributo Social, Ley Alas, apoyo al cooperativismo de trabajo, Programa de Empleo Independiente, tutorías para emprendimientos, reconversión de planes sociales en emprendimientos productivos, apoyo a la comercialización de la economía social, Marca colectiva y otros programas, son algunos ejemplos de la voluntad del Estado de intervenir en la economía y favorecer a este sector de emprendedores, que representa en Junín el 23,8% de la masa trabajadora, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares.
En Junín una organización con gran trayectoria y otra incipiente, junto a la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación trabajan a favor de este sector. A partir de diciembre queremos volcar esa experiencia de trabajo para poner al municipio a trabajar a favor de los emprendedores y así aprovechar mejor las políticas nacionales que persiguen la distribución del ingreso.
