Yo no sé por qué Amado
Boudou en su momento o el actual ministro de Economía de la Nación Hernán
Lorenzino no aplican algunas medidas antiinflacionarios que se caen de maduro.
Es de sentido común. Presidenta!!!. Haga que apliquen estas medidas para que
baje la inflación.
Es fácil y tiene garantía
de efectividad: Apreciación del tipo de cambio, suba de la tasa de interés, congelamiento
de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, suspensión de paritarias y
reducción de sueldos del sector público. Con estas medidas seguro que baja la
inflación. Efectividad garantizada.
Ahora bien, como en todos
los aspectos de la vida, las medidas gubernamentales, en este caso las
económicas, tienen beneficios y costos.
Pongamos blanco sobre negro:
*Apreciar el tipo de
cambio, es decir que “baje el dólar”, por ejemplo a $4,50 por dólar,
significaría hacer menos tentadoras las exportaciones, que a las empresas radicadas
en argentinas les costaría más vender en el exterior. Claro que habría más
productos importados en las góndolas de los supermercados que obligarían a los
fabricantes argentinos a bajar sus precios y sería más barato viajar al
exterior, y todos contentos. O casi todos. Los trabajadores y los empresas que
venden al mercado interno no dirían lo mismo.
*La suba de la tasa de
interés, a pesar de no considerar baja las vigentes, significaría menos crédito
para particulares y empresas. Conociendo que en el mundo económico todos los
emprendimientos productivos por grandes que sean crecen con crédito, esto se
traduciría en menos inversión y menos producción. Los empresarios de Junín que
tomaron créditos del Bicentenario (al 9,9%) o Préstamos de Inversión Productiva
(al 15,1%) no hubieran podido hacerlo, pues para bajar la inflación hay que dar
menos crédito. No a muchos les conviene este escenario.
*El congelamiento de
jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales significaría inmediatamente un
retroceso del poder adquisitivo de los ciudadanos y el renunciamiento a futuras
recomposiciones.
*Una reducción de sueldos
del sector público, aún con el argumento de ser uno de los pilares de la lucha
antiinflacionario, significaría reducir la masa de dinero que en determinadas
semanas del mes esperan los comerciantes de Junín para mantener los negocios
abiertos.
*Por último, la suspensión
de paritarias sería borrar de la agenda de los sindicatos y de la cabeza de los
trabajadores la esperanza de, cada determinado período de tiempo, volver a
discutir con la patronal no solo salarios sino condiciones de trabajo. El poder
volvería unilateralmente a las patronales y volveríamos para atrás en muchas
conquistas no solo salariales sino de condiciones de trabajo.
Claro que el resultado,
según los economistas que defienden las ideas aplicadas en los noventa en la Argentina y ahora en
Europa, sería la baja de la inflación. La paz del cementerio. Seguramente
algunos sectores sociales estarían satisfechos, pero no estoy seguro que sea la
mayoría.
Busquemos la suba en la
concentración
La discusión sobre extender o no el acuerdo de
congelamiento de precios en los supermercados por sesenta días renueva dos
grandes debates de la economía que son altamente estratégicos para la gestión
del Estado: las causas de la inflación y las limitaciones al mercado.
De la cobertura periodística que
hacen los canales de televisión, del discurso de la calle, del consumidor y de
lo que se escucha en mesas de café y del discursos de la mayoría de los
economistas que aparecen por televisión, se deduce que la suba de precios es
por las políticas económicas, por el gobierno, por los costos, por la crisis
internacional y otros, menos por que las empresas distribuidoras y
comercializadoras suben los precios para mayores ganancias.
Las empresas parecieran ser
inimputables: ninguna aumenta precios, o mantiene el precio con igual envase y
menor cantidad de producto, o hace
promociones con el 35 ó 40% de descuento evidenciando que antes estaban cobrando
demás.
Bajo las premisas neoliberales,
los mercados concentrados son un defecto no buscado, sin embargo la realidad
evidencia que esa concentración es hija de la libertad de mercado. La
existencia de una elevada concentración en la economía favorece las conductas
de los formadores de precios.
Según la Encuesta Nacional
a Grandes Empresas (Enge), en 2011 la participación de las 500 empresas más
grandes alcanzaba al 32% del PIB de los sectores en los que actúan. Para ese
año, las 50 empresas de mayor tamaño explican el 52,1% del valor agregado de
las 500 más grandes, dato que da una gran idea de concentración al interior de
las mayores empresas.
En la fabricación de productos de
consumo masivo el 80% del aceite que se consume lo producen dos empresas:
Molinos Río de la Plata
y Aceitera General Deheza; en lácteos, el 78% lo manejan La Serenísima y Sancor,
mientras que en los enlatados, como tomates y arvejas, la posición dominante la
ejerce Arcor, con el 70%.
En el sector elaborador de
insumos intermedios críticos, tales como el aluminio primario (Aluar es el
único productor), la siderurgia (Siderar produce el 99% de la chapa laminada en
frío), materias primas que a través de su incidencia en el envasado terminan
afectando la oferta de productos de consumo masivo. Estos sectores, junto con
la petroquímica (dos empresas producen el 89% de los fertilizantes), generan
insumos esenciales para muchos otros sectores productivos. En el eslabón de la
distribución minorista, tres grandes cadenas de supermercados concentran entre
el 75% al 80% de las ventas totales.
En estas 500 grandes, lo más
llamativo es la evolución de la tasa de ganancia; partiendo de una tasa de
utilidad sobre ventas del 8,2% anual para el período 1993/2001, la tasa
comienza a recomponerse en 2003 (9,5% anual) para alcanzar valores que
fluctuaron entre el 11% al 13% a partir de 2005 y hasta 2011.
Un dato relevante de las
estadísticas de la Enge
es el escaso peso que poseen los salarios sobre el valor de producción, que
para el total de las 500 empresas llegaba al 12% en el período 1993/2001, bajó
drásticamente al 8% entre 2007 y 2009, para luego incrementarse levemente al
10% en 2011. Si comparamos ambas cifras puede observarse que el período de
mayor tasa de ganancia se asocia a una menor participación salarial. Como
vemos, no son los salarios los que empujan los precios.
El tema principal para resolver
las subas de precios es realizar una profunda reforma impositiva, que haga
recaer la mayor parte de la tributación sobre los impuestos progresivos, a las
ganancias, bienes y fortunas personales.
El objetivo es que deje de ser
viable aumentar precios para acrecentar la ganancia.
Ya
que estamos en pleno proceso de reformas, habría que ir pensando, para complementar la política de acuerdos de precios,
en comenzar a estudiar los balances de las grandes empresas comercializadoras,
como así también de sus proveedores cartelizados. Un estudio de los costos de
las grandes empresas puede permitir tener en claro los márgenes de ganancia, y
a poner blanco sobre negro las responsabilidades de cada quién.
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